Acarigua.- La comunidad de Potrero de Armo, en Araure, estado Portuguesa, impidió que el lunes 15 de marzo los integrantes de la Red Santa Bárbara, supuestos colectivos adjudicatarios del Instituto Nacional de Tierras (Inti), irrumpieran nuevamente en tres predios privados pertenecientes a una familia de productores. Los vecinos se plantaron en la entrada para obstaculizar el paso a las tres fincas en conflicto.
Los adjudicatarios se presentaron en los predios al amanecer, entre las 5:00 y 6:00 am, con el propósito de tomarlos e ingresar dos tractores. Para este objetivo acudieron al sitio con equipos antimotín, un piquete de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Policía estatal e incluso con el jefe de la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi-Portuguesa), Alfredo González Viña, quien se dirigió a los vecinos expresando que tenían una medida cautelar de protección a favor del colectivo.
Son más de 430 hectáreas, entre las fincas Por El Terronal, Soledad de Armo y Beremar, las que están en conflicto y que son propiedad de la familia Saladdino desde 1958, aproximadamente. Por más de cinco décadas se llegó a producir en estas tierras un promedio de cinco millones de kilos de arroz y unos tres millones de kilos de maíz, año tras año.
El conflicto se presenta desde el pasado 6 de noviembre de 2020, luego de que con una orden del Instituto Nacional de Tierras (Inti), región Caracas, un grupo de personas, afectas al chavismo-madurismo, ingresó a los predios y tomaron por primera vez las tierras, que, aseguraban, habían sido adjudicadas por el ente estatal.
Andrea de Saladdino, miembro de la familia afectada, expresó que el caso está ahora a cargo del Tribunal Superior Agrario de la región, instancia donde se introdujo la solicitud de anular la orden de adjudicación porque consideran que se trata de un procedimiento viciado.
«Todavía no hay un fallo al respecto por parte del tribunal superior, pero este lunes se presentan nuevamente estas personas con la policía, el comandante de la Zodi-Portuguesa y hasta la defensora del pueblo, queriendo ingresar, y afirman que traen una medida cautelar emitida por un tribunal de segunda instancia», explicó la declarante.
La vocera precisó que en los predios hay actualmente 20 hectáreas de cultivo de frijol chino, las únicas que se les permitió sembrar de las 300, para las cuales habían logrado financiamiento. Desconoce si el grupo tiene interés en la siembra.
«Estamos en momentos de cosecha y durante todo este tiempo solo ha podido ingresar a las fincas la técnico de la empresa que financió la siembra. El documento que siempre han presentado las otras personas reza que hubo un rescate de tierras, tierras que son privadas. Y de paso, nunca hubo una inspección técnica para saber si estaban improductivas. Así que todo esto es un procedimiento viciado», agregó.
Asimismo, Isaura Zabala, vecina del sector, declaró en un video enviado a El Pitazo, que la comunidad se ha mantenido en zozobra desde que el colectivo irrumpió por primera vez en los predios.
«Nosotros no tenemos paz porque no sabemos quiénes son estas personas que ahora llegan hasta con la policía, queriendo amedrentar a quienes respaldamos a esta familia que por años ha trabajado sus tierras», agregó Zabala.
Los vecinos de la comunidad pidieron la intervención del gobernador, Rafael Calles, y responsabilizan a la Red Santa Bárbara de lo que pueda ocurrirle a cualquier de los habitantes de Potrero de Armo.
Según cifras de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro), desde el gobierno de Hugo Chávez Frías se han expropiado en todo el país cerca de seis millones de hectáreas. Estas se encontraban productivas, como es el caso de los predios de Antonio Saladdino, pero las autoridades las presentaban como baldías.
Aunque El Pitazo intentó obtener información oficial sobre la situación, no fue aportada. Las autoridades presentes precisaron que solo portaban una orden con una medida cautelar de un tribunal de segunda instancia.
