21 familias de la etnia Jivi en Apure decidieron salir de su territorio tras constantes ataques de grupos violentos. | Foto: María Eugenia Díaz
Rosa María Andrade es una capitana de la etnia Jivi, pariente de las Pumé y Yaruro, comunidades indígenas del estado Apure que ocupan un territorio ancestral entre los municipios Pedro Camejo, Achaguas y Páez. Su drama no es distinto al del resto de sus 3.000 coterráneos: salió de su casa huyendo de la violencia y se ha visto obligada a vivir entre los escombros de una obra inconclusa del gobernante Nicolás Maduro.
Andrade es la capitana de 21 familias indígenas –60 adultos y 5 niños– que huyeron en junio pasado del sector El Chaparral La Planta, municipio Pedro Camejo, debido a las restricciones de movilidad impuestas por la cuarentena y a la inseguridad personal y de sus bienes.
A diario se la encuentra junto a su hijo, dos nietas y sus hermanos indígenas en el interior de lo que se planificó como un mercado socialista en el interior del terminal de pasajeros Humberto Hernández, de San Fernando, la capital de Apure. Vive de la mendicidad y de la esperanza de regresar al campo para seguir cultivando la tierra al concluir la pandemia por el nuevo coronavirus.
La alegría de Rosa María por trabajar la tierra se opacó entre los años 2006 y 2020, cuando la violencia armada tocó sus puertas en Chaparral La Planta. “Hubo tanto robo y atraco que nos llevaron hasta el techo de la casa”, relató a El Pitazo.
–Nos toca pedir para sobrevivir. A veces las personas nos regalan mangos, verduras o víveres; cocinamos con leña recolectada por nosotros mismos. Me siento más segura en el terminal que en El Chaparral La Planta, aunque vivo pensando dónde y cómo vivir: no puedo estar todo el tiempo aquí, tengo que buscar a donde irme; me hacen falta un techo, comida y medicinas.
Antes de la huida, Rosa María y las 21 familias que la siguen se dedicaban a la caza y a la elaboración de artesanías confeccionadas con el cogollo de la palma moriche y de la macanilla. Vendían sombreros, abanicos, mapires y azabaches para poder sobrevivir.
A la llegada de Hugo Chávez al poder, en 1999, El Chaparral La Planta era una comunidad con unas 10 viviendas indígenas. Al finalizar el año 2019, el sector fue escenario de enfrentamientos entre indígenas por la ocupación y titularidad de más de una decena de hectáreas cultivadas.
Rosa María Andrade cuenta que decidió salir de su pueblo en busca de paz. Lamenta que, a pesar de haber contado con casa propia, adjudicada por el fallecido presidente Hugo Chávez, y de administrar una cooperativa dedicada a la agricultura y a la ganadería, hoy le toca vivir de la mendicidad para poder mantener a su hijo y a sus nietos.
La mujer relata que, en ocasiones, sus familiares viajaban a la frontera colombo venezolana, entre El Amparo y el departamento de Arauca, para ofrecer sus productos, cosa que ahora les impide la pandemia, obligándolos a tomar otra opción de supervivencia.
“Vine a San Fernando para acompañar a mis familiares a vender artesanías, pero cuando llegó la cuarentena no pude regresar. Mi hijo me llamó hace como un mes para pedirme que no regresara, porque ya no tenía casa”, dijo.
Nosotros vivíamos de la siembra de topocho, cambur, yuca, caña, de la elaboración de casabe. Nuestros abuelos nos enseñaron a trabajar, pero en La Macanilla no pudimos aprovechar los recursos disponibles porque los delincuentes nos bajaban de la mula”, precisó Rosa María.
Juan García, hijo de Rosa María Andrade y padre de tres niños, contó que durante los últimos años han sido comunes los enfrentamientos protagonizados por las bandas indígenas dedicadas al crimen organizado que se apoderan de las casas y de los sembradíos. “Esta situación nos motivó a buscar nuevos rumbos”.
Luego de que los indígenas de Chaparral La Planta decidieron huir, el único que permaneció en estas tierras fue Juan García, pero decidió trasladarse desde esa zona hasta San Fernando porque extrañaba a dos de sus tres hijas, las de seis y tres años, y a su madre, Rosa María. Su tercera hija, de dos años, permanece en La Macanilla en compañía de la madre, que pertenece a la comunidad indígena Los Mangos, donde confluyen aborígenes de distintas etnias.
Este indígena subsiste gracias a la venta de artesanías y a sus labores en un restaurante. “Nos trasladamos a San Fernando porque estábamos cansados de la inseguridad. Fuimos objeto de amenazas por parte de los hermanos de Los Bancos”, dijo.
García aseguró que los indígenas y los criollos de Los Mangos los robaban, y que cuando denunciaban ante los funcionarios de seguridad del Estado, estos indicaban que no podían meterse con los indígenas porque son peligrosos.
Juan García recuerda que los robos se intensificaron después de que los Jivi impulsaron cuatro proyectos socio-productivos, uno en Chaparral La Planta y tres en el sur y el oeste del río Capanaparo, donde también fueron objeto de robo. “¡No aguantábamos más, todo era un desastre!” –exclama.
García declaró que la situación de los indígenas en la edificación abandonada del terminal de pasajeros es precaria. Indicó que tres de sus hermanos indígenas están enfermos, sospecha que con tuberculosis. Los observa con fiebre y tos, y renuentes a recibir asistencia médica en el hospital central de la capital de Apure.
Los 3.000 indígenas Pumé y Yaruro, de costumbres semejantes al pueblo Jivi del estado Amazonas, habitan en la zona baja del río Capanaparo, Caño La Guardia, La Macanilla, Boca Chico, Las Alisas, Guachara, Bruta de Burro —en el municipio Achaguas— y en los Campamentos de Guasdualito, en el municipio Páez, pero se mueven de un lugar a otro. Desde San Fernando se trasladan al estado Guárico para sembrar cebollas; luego se movilizan hasta Caicara del Orinoco, en el estado Bolívar, y luego retornan al estado Apure. También se asientan en el departamento de Arauca, en Colombia, así como en el estado Amazonas. Todo ese movimiento lo hacen para huir de la violencia, aunque en estas zonas no se libran de enfrentamientos.
El diputado Rommer Guzamana, presidente del Parlamento Amazónico y miembro de la Comisión de los Pueblos Indígenas de la Asamblea Nacional, reveló en entrevista para El Pitazo que la crisis en las comunidades originarias se ha potenciado durante los últimos años debido a que carecen no solo de trabajo fijo para su sustento, sino también de servicios de salud y educación.
«No van a la escuela y no tienen a su disposición organizaciones ni representantes de gobierno que los protejan y les garanticen sus derechos: no gozan de ningún beneficio social», expresó.
Guzamana confirmó que los indígenas del Bajo Apure sufren de tuberculosis y malaria. Le preocupa que se haya detectado un consumo de bebidas alcohólicas y cigarrillos entre menores de ocho a doce años.
Denunció que en Venezuela los indígenas son sacados y despojados de sus territorios por la guerrilla colombiana, con la finalidad de utilizar estas zonas para el sembradío de cocaína y el lavado de dinero. “El 5% de los 3.000 indígenas del estado Apure ha sido desplazado por los grupos irregulares. Los guerrilleros los reclutan para mantener el control pleno de la zona y permitirles sembrar rubros alimenticios y cuidar el ganado por pagos en dólares o pesos colombianos”, señaló Guzamana.
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