Los padres del bebé esperan la semana de flexibilización para que los atiendan en fiscalía. Foto: Cortesía álbum familiar
Barinas.- Los padres del bebé que murió el pasado 13 de agosto en Socopó, porque militares no permitieron al chófer de la ambulancia surtir a tiempo para su traslado al hospital Luis Razetti de Barinas, esperan que culmine la semana de cuarentena radical para poder denunciar ante el Ministerio Público a los militares que señalan como los responsables del fallecimiento de su hijo.
En conversación telefónica el jueves, 20 de agosto, Daniela Aquino, tía del recién nacido, dijo a El Pitazo que su hermano, Armando Aquino, acudió a la sede del Ministerio Público en Socopó el 18 de agosto para hacer la denuncia formal sobre los militares que negaron el surtido de gasolina a la ambulancia que llevaría a su bebé hasta Barinas para recibir atención médica; no obstante, en la oficina se negaron a recibir la denuncia porque es la semana de cuarentena radical y la fiscalía no está entre los sectores prioritarios.
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De acuerdo a la abogada Zulenny Hernández, a la pareja formada por Armando Aquino y Yairis Méndez se les viola el artículo 26 de la Constitución, que reza textualmente que: «Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos; a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente».
La coordinadora regional del Foro Penal en Barinas, Lucía Quintero, considera que a los padres del bebé Aram Emmanuel se les revictimiza. Es decir, cuando ya se es víctima de un delito, pero no es atendido ni oída su denuncia, se es una víctima también del Estado, explicó.
Agregó que la justicia es considerada un derecho humano, no solo en la Constitución, sino también en tratados internacionales de donde Venezuela es parte, como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos.
A juicio de Quintero, hay que denunciar a los funcionarios de la Fiscalía que no le recibieron la denuncia, en la Fiscalía Superior, y a los guardias, en la Fiscalía de Derechos Fundamentales.
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