La mayoría de las parcelas otorgadas por el Inti fueron asignadas a funcionarios públicos, según el abogado Rondón. Foto referencial
Barinas.- José Javier Rondón, representante legal de los propietarios del fundo Rancho Moderno, ubicado en el municipio Antonio José de Sucre, estado Barinas, introdujo ante el Tribunal Superior Cuarto Agrario de esta jurisdicción, un recurso contencioso administrativo de nulidad de actos administrativos de efectos particulares, relacionados con títulos de adjudicación de tierras fraudulentos emitidos por funcionarios del Instituto Nacional de Tierras (Inti).
La demanda, introducida el pasado 27 de abril del 2021, de acuerdo a la información aportada vía telefónica a El Pitazo por el abogado Rondón, incluye a varios funcionarios públicos en el ámbito nacional, regional y municipal, entre ellos el registrador público inmobiliario de los municipios Pedraza y Sucre y otros funcionarios del Servicio Autónomo de Registros y Notarias (Saren).
Rondón aseguró que la demanda introducida por sus representadas está relacionada con los más de 150 títulos de adjudicación de tierras fraudulentos emitidos por funcionarios del Inti, en enero del 2021, entre los que aparecen como beneficiarios una serie de funcionarios públicos nacionales, estatales, municipales, políticos y algunos de sus familiares.
Señaló que las afectadas por lo que calificó de «clientelismo político», son las propietarias y poseedoras legítimas de la unidad de producción Fundo Rancho Moderno Centro de Recría, Rosa y Carmen Gunther, «cuya familia viene ejerciendo una producción eficiente de carne y leche en dicho predio desde hace algo más de 53 años».
Rondón espera que con las demandas presentadas les sea restituida la totalidad de la finca a sus legítimas propietarias, quienes suplican que se haga justicia en su caso.
Según el abogado, en enero del 2020, el Inti adjudicó a funcionarios de la alcaldía de Pedraza y sus familiares, 152 parcelas que pertenecen al Fundo Rancho Moderno Centro de Recría, que posee una medida de protección emitida por un tribunal agrario sobre las 286 hectáreas con 5.779 metros cuadrados de su extensión.
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