Araure.- La familia Saladdino se rehúsa a ceder sus 580 hectáreas que por más de cinco décadas llegaron a producir un promedio de cinco millones de kilos de arroz y unos tres millones de kilos de maíz, año tras año.
Se trata de cuatro fincas ubicadas en los sectores Potrero de Armo y Quebrada de Armo, en el municipio Araure del estado Portuguesa, a las que el viernes 6 de noviembre, con una orden del Instituto Nacional de Tierras (Inti), región Caracas, un grupo de personas pertenecientes al colectivo Santa Bárbara, afecto al chavismo-madurismo, ingresó a los predios. Aseguraron que estas propiedades se las adjudicó el ente estatal.
Por El Terronal, Soledad de Armo, Beremar y Finca La Coca han pasado tres generaciones de esta familia que adquirió la propiedad entre 1958 y 1960. Los Saladdino se dedicaron, desde entonces, al trabajo agrícola de la región, como muchos migrantes europeos que arribaron a Portuguesa.
«Esta gente llegó y como si nada se metió en la finca. Trajeron un título de adjudicación y todo se lo repartieron como una torta. Cada quien se agarró un pedazo. Desde el viernes estamos con este problema», contó a El Pitazo, Antonio Saladdino, productor expropiado.
Aunque los supuestos adjudicados alegaron la improductividad de estas tierras para solicitarlas, la familia Saladdino asegura que actualmente estaban en trabajo de mantenimiento de los terrenos. No han dejando de trabajar la tierra.
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«Tenemos todo nivelado con láser, hay pozos, y todas están tanqueadas. Esto es nuestro patrimonio, una propiedad que compró mi papá y la comenzó a trabajar hace más de 60 años, pasando de generación en generación», explicó Saladdino, sin negar que los rendimientos de productividad bajaron como en todo el agro venezolano.
Mientras los supuestos adjudicados se mantienen en los predios desde el viernes 6, les han impedido a los trabajadores de los Saladdino realizar sus labores agrícolas. «Hemos puesto a los tractores a trabajar y estas personas, de forma arbitraria, los sacaron. Los trabajadores están atemorizados, tienen miedo hasta de ir presos».
De acuerdo con cifras aportadas por la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro), desde el gobierno de Hugo Chávez Frías se han expropiado en todo el país cerca de seis millones de hectáreas que se encontraban productivas, como es el caso de los predios de Antonio Saladdino, pero las autoridades las presentaban como baldías.
Procedimiento ilegal
Para Rafael Ortegano, asesor legal de la familia Saladdino, se trata de un procedimiento jurídico que carece de legalidad. La expropiación, según advierte el abogado, es una situación que vuelve a renacer.
«Se presentaron en la finca con el objeto de tomarla bajo ningún criterio jurídico y legal, porque presentaron un documento de adjudicación, emanado del Inti, región capital. Este acto administrativo es nulo de nulidad absoluta, ya que se ha violado el orden territorial o el orden natural administrativo, que pertenece al Inti delegación Acarigua, Portuguesa. Además, no se identifican quiénes son los miembros o beneficiarios de este acto. Ni siquiera muestran el documento», expresó Ortegano.
Según el jurista, este acto transgrede totalmente la norma administrativa en materia agraria y explica que, en el caso de que las tierras estuviesen improductivas, como alegan los supuestos adjudicados, en primer lugar se debió acudir al Inti regional, ubicado en Acarigua-Araure, ente que levantaría un informe a través de una inspección en la que se determinaría si las tierras estaban improductivas o no.
Ortegano precisó además que, una vez que se verifique que los predios no están produciendo, es cuando se debe proceder a adjudicar las tierras a los denunciantes. «La familia Saladdino ni siquiera fue notificada para esa inspección que se realiza posterior a la denuncia por parte de las personas que quieren apropiarse de estas tierras».
El abogado exhortó al ministro de Agricultura y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, y al Ejecutivo nacional a aclarar los hechos. «Esto no se puede convertir en un juego de personas inescrupulosas que pretenden tomar posesión de tierras alegando la improductividad de las mismas, cuando no es así».
Respaldo
Asimismo, tanto la comunidad de Potrero de Armo como pequeños productores del caserío y agricultores de Araure y toda Portuguesa se han hecho solidarios con la familia Saladdino. Todos temen que la expropiación sea una práctica que vuelva a retomarse como en años anteriores.
«No sabemos de dónde provienen estas personas y tememos que lo mismo que pasó con la familia Saladdino nos pase a nosotros que somos pequeños y medianos productores, que vivimos de nuestro trabajo, e igual que ellos que por años se han dedicado a la agricultura, con mucho esfuerzo y sacrificio», dijo Isaura Zavala, agricultora de la zona.
