Valera.- Profesores de la Escuela de Música Laudelino Mejías, ubicada en el municipio Valera del estado Trujillo, denunciaron la mañana de este jueves, 30 de julio, que la gobernación ocupó de manera arbitraria la sede a través del Instituto de Cultura.
Esto con el objetivo de manejarla y compartirla con otras organizaciones en materia de danzas.
Héctor Suárez, exdirector de la escuela; y Sonia Bastidas, profesora de piano, manifestaron que esta decisión traerá consecuencias en el manejo administrativo de la academia.
De hecho, actualmente presentan un retraso en las inscripciones para el nuevo período escolar.
“Nosotros nos regimos por la Zona Educativa, ya que impartimos una enseñanza. Hasta el 31 de julio son las inscripciones y la licenciada Auris Berrios (nueva directora asignada) nos dice que no se van a realizar, porque no hay lineamientos del Instituto de cultura, lo que es absurdo, porque por ellos no nos regimos”, declaró Bastidas.
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Los maestros de esta escuela, con 60 años de historia, temen que la matrícula baje, debido a la incertidumbre.
Cada período manejan un número de 200 estudiantes, aunque en años anteriores llegaron a tener más de 400 inscritos.
Robos durante la cuarentena
Según los entrevistados, el problema comenzó en abril, cuando sujetos desconocidos robaron en la sede y sustrajeron candados y cilindros de las puertas.
Héctor Suárez hizo la denuncia ante el Cicpc y notificó a sus superiores. No obstante, estos últimos no tomaron las medidas correctivas y los delincuentes continuaron el vandalismo.
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“Hicimos la denuncia ante el Cicpc. El Instituto de la Cultura vino ese día que los llamé. Se arregló en parte la situación, pero la escuela quedó abierta por el espacio de tres semanas” dijo Suárez.
El exdirector explicó que hasta ese momento solo había un vigilante y un obrero, quienes no podían trasladarse para pernoctar, debido a las restricciones de la pandemia.
Sin embargo, esa razón no le importó a sus superiores, quienes les suspendieron el salario a los dos trabajadores. A él le abrieron un procedimiento administrativo sin notificarle y colocaron su cargo a la orden del Ministerio de Educación.
Suárez y Bastidas recordaron que la Escuela Laudelino Mejías se maneja en su mayoría con recursos autogestionados y colaboración de los representantes. Tenían prohibido cobrar inscripciones o mensualidades, por lo cual solicitaban productos de limpieza.
