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martes, 2 julio, 2024
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Observatorio de la ULA denuncia invasión en Finca Judibana

El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes denunció ante la Fiscalía Superior del Ministerio Público en Mérida, ayer lunes, 6 de julio, la invasión de la que es objeto la Estación Experimental Judibana, propiedad de la institución. Desde 2016 invasores ocupan de forma intermitente y causan destrozos en los terrenos de la conocida Finca Judibana

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Mérida.- El equipo jurídico del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) introdujo ayer lunes, 6 de julio, una denuncia ante la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Mérida por el delito de invasión a la Estación Experimental Judibana. Esta dependencia, conocida como Finca Judibana y ubicada en el municipio Alberto Adriani, es propiedad de la ULA y sus terrenos son ocupados ilegalmente y destruidos por invasores de forma intermitente desde 2016.

«La pertinencia de esta denuncia se basa en la más reciente ocupación ilegal de la conocida como Finca Judibana por parte de miembros de consejos comunales de la zona donde se ubica esta Estación Experimental de la ULA, en el municipio Alberto Adriani de Mérida. Estas personas iniciaron la invasión el pasado 17 de junio y desde entonces han causado destrozos, robos y están comercializando la leche que producen las vacas de la finca, alegando que tienen hambre», detalla el ODH-ULA en nota de prensa institucional difundida este martes, 7 de julio.

Invasión y ecocidio

Esta denuncia no es la primera acción legal que el ODH-ULA ejerce sobre el caso Judibana. Hace más de un año consignaron ante la Fiscalía 23 del estado Mérida, con competencia en delitos ambientales, una denuncia sobre el ecocidio causado por invasores a los terrenos de la finca, que incluye delitos de tala, quema y deforestación. Hasta la fecha la Fiscalía no ha emitido respuesta alguna sobre dicha denuncia.

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«Los daños causados a la Finca Judibana por los invasores, que desde 2016 toman cada vez más espacios, ponen en riesgo proyectos de investigación científica únicos en el país, cuyo desarrollo suma décadas en algunos casos y cuyos hallazgos y logros son imprescindibles para el desarrollo de la nación. Así mismo, la invasión y destrucción de la Estación Experimental Judibana atenta contra la existencia del Núcleo Universitario Alberto Adriani de la ULA, cuya sede funciona en esos espacios», resalta el observatorio ulandino.

Desde que comenzaron las invasiones, hace ya cuatro años, el ODH-ULA ha registrado el daño causado a 240 de las 250 hectáreas que tiene la Finca Judibana. Proyectos de investigación científica que se desarrollaban en ese laboratorio natural de la ULA, producto de convenios con otros países y empresas transnacionales, han sido acabados y otros corren el riesgo de extinguirse como consecuencia de los robos y daños hechos por los invasores.

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Medida de protección que no se cumple

El 29 de julio de 2016 el Tribunal Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Mérida dictó una medida de protección a la Estación Experimental Judibana, bajo el expediente N° S-00051-2016. Dicha medida declara que los terrenos pertenecientes a la Finca Judibana son de uso exclusivo para actividades de educación, investigación y extensión.

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Sin embargo, y pese a las reiteradas solicitudes de acción hechas por las autoridades del Núcleo Universitario Alberto Adriani de la ULA ante los distintos cuerpos de seguridad y defensa del Estado para desalojar a los invasores, durante cuatro años persisten la invasión, robos y destrozos causados la Finca Judibana.

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«El ODH-ULA recuerda que el delito de invasión es permanente y solo cesa con el desistimiento de los invasores. Así mismo, este Observatorio resalta que los daños y robos cometidos en las universidades públicas y autónomas del país son a su vez daños contra bienes de la nación», apunta la organización defensora de derechos humanos.

En febrero de 2018 el ODH-ULA emitió un informe donde señalaba que al menos 14 dependencias de cinco universidades autónomas del país han sido invadidas y desvalijadas entre los años 2004 y 2018.

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