El Comité Pro Liberación de Presas y Presos Políticos denunció este domingo que al menos 102 personas han desaparecido luego de ser detenidas por policías o paramilitares en Nicaragua, país que atraviesa una crisis sociopolítica que ha dejado cientos de muertos.
En un informe divulgado la mañana del domingo, el Comité clasificó como «casos pendientes por confirmar» la ubicación de 102 personas con denuncias de detención arbitraria, pero de las cuales no han logrado obtener mayor información.
Algunos de los desaparecidos fueron vistos por última vez cuando eran capturados por funcionarios o paramilitares. Al solicitar información en las estaciones de la Policía Nacional los agentes negaron sus datos.
Otros permanecían en las celdas de la Policía Nacional o del Sistema Penitenciario Nacional, cuando las familias dejaron de recibir información por parte de las autoridades.
En la lista aparece el manifestante Axel Eslín Noguera Álvarez, quien fue encarcelado hace ocho meses y se supone que está bajo custodia del Sistema Penitenciario Nacional, pero del que no se tiene información.
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También aparecen Eduardo Navarro Sánchez y Aarón Daniel López Arévalo, de Managua, así como Mauricio Santiago Calero López, de Jinotepe (Pacífico), quienes fueron capturados el 22 de mayo, día que la oposición convocó un paro nacional en protesta contra el gobierno del presidente Daniel Ortega.
Entre los desaparecidos, luego de ser capturados, están Isamar Cuadra, Teresa de Jesús Espinoza y Anielka Jarquín, las tres únicas mujeres de la lista.
El Comité Pro Liberación de Presas y Presos Políticos divulgó una lista en la que aparece la situación legal de al menos 731 manifestantes presos, de los cuales 227 permanecen tras las rejas y 401 fueron excarcelados; es decir, enviados a sus viviendas bajo régimen de casa por cárcel o convivencia familiar.
También dan cuenta de 102 desaparecidos y una persona que murió la semana pasada al recibir un disparo de un custodio en circunstancias no esclarecidas.
La lista del Comité es menor a la de 809 que maneja la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, contraparte del gobierno en las negociaciones para superar la crisis en el país centroamericano, mismas que se encuentran suspendidas a la espera de que el Ejecutivo cumpla los compromisos firmados en marzo, sobre la liberación de los «presos políticos» y respeto a la Constitución.
Información de Efe.
