Las restricciones que impone el Gobierno de Nicaragua a las libertades de expresión, asociación y participación política continúan, a pesar de los casi tres años transcurridos desde las protestas ciudadanas que sacudieron el país, aseguró la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, este jueves al presentar el último informe preparado por su organismo sobre la situación en el país centroamericano.
Ante el Consejo de Derechos Humanos, Bachelet anotó que recientemente se han adoptado nuevas leyes contrarias a las libertades fundamentales de los nicaragüenses, cuyo espacio cívico y democrático sigue reduciéndose. “El Estado de derecho sigue deteriorándose en Nicaragua”, advirtió.
La comunidad internacional ha intentado en los últimos años presionar al Gobierno de Daniel Ortega para que relaje la represión y respete el Estado de derecho, pero los resultados han sido escasos.
La alta comisionada dijo que su oficina ha documentado 117 casos de acoso, intimidaciones y amenazas por parte de agentes de la policía o agentes progobierno contra estudiantes, campesinos, activistas políticos, y organizaciones de víctimas y de mujeres.
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Asimismo se tiene constancia de otros 34 casos de «intimidación, amenazas, criminalización y campañas de desprestigio contra medios de comunicación y periodistas considerados opositores.
Aunque las acciones del movimiento cívico se han reducido -en gran medida por la pandemia-, Bachelet sostuvo que las detenciones arbitrarias han proseguido, con la característica de que la mayoría son de breve duración.
Fuentes de la sociedad civil en contacto con la oficina de Bachelet afirman que más de 100 personas continúan privadas de su libertad por razones políticas.
La represión en Nicaragua se ha extendido a las comunidades indígenas, que enfrentan la invasión de sus tierras y ataques violentos de los colonos, relató.
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Mientras tanto, Bachelet denunció también que las violaciones de los derechos humanos que se produjeron durante las protestas de 2018 siguen impunes, lo que incluye la muerte de más de 300 personas.
En un tipo de abusos de distinto tipo, se ha reportado un aumento de los feminicidios y altas tasas de embarazo en niñas y adolescentes desde entonces.
En el segmento del Consejo de Derechos Humanos consagrado a Nicaragua también hubo un reconocimiento por parte de Bachelet de que el Gobierno de Ortega está intentando aumentar el gasto social y contener la crisis, que comenzó con la desestabilización política de hace tres años.
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