Caracas.- La jueza Vanessa Baraitser, de la corte londinense de Woolwich, pospuso este jueves hasta el próximo mes de mayo el juicio de extradición del fundador de la plataforma WikiLeaks, Julian Assange, reclamado por Estados Unidos (EE. UU.) por presuntos delitos de espionaje y fraude informático, penados hasta con 175 años de cárcel.
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En la última audiencia de este primer tramo del proceso, que empezó el lunes, la magistrada denegó también una solicitud de los abogados del informático para que, en la segunda fase, este se pueda sentar a su lado y no, como hasta ahora, detrás de un cristal de seguridad.
Baraitser sostuvo que «no hay ningún aspecto» de su caso que justifique cambiar la ubicación del procesado, a pesar de que el equipo legal mantiene que su cliente, cuya salud se ha deteriorado y está bajo medicación, no puede seguir bien el procedimiento.
Tras escuchar los últimos alegatos del abogado defensor, Mark Summers, y del fiscal James Lewis en representación de la Justicia estadounidense, la jueza pospuso el juicio hasta el 18 de mayo, si bien antes habrá dos audiencias preliminares, el 25 de marzo y el 7 de abril.
Assange es requerido por Estados Unidos por la difusión en WikiLeaks en 2010-2011, en colaboración con medios internacionales, de documentos secretos que revelaron crímenes de guerra en Afganistán e Irak, el maltrato de presos en el centro de detención extrajudicial de Guantánamo y abusos de derechos humanos en todo el mundo.
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Washington le imputa haber ayudado al exsoldado estadounidense Bradley Manning (ahora Chelsea Manning) a acceder ilegalmente a ordenadores del departamento de Defensa y de poner vidas en peligro al difundir las identidades de las fuentes contenidas en los documentos sustraídos.
A través de su otro abogado, Edward Fitzgerald, Assange acusó ayer a la Justicia de EE. UU. de «abuso de proceso» por presuntamente incumplir el tratado de extradición con el Reino Unido al solicitar su entrega por supuestos delitos de espionaje.
Fitzgerald argumentó que el tratado británico-estadounidense de 2003 «prohíbe expresamente» la entrega por «delitos de carácter político», si bien el fiscal replicó que los cargos que se le imputan son de «pura criminalidad».
