Washington.- La organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) denunció este viernes 28 de agosto que las fuerzas de seguridad y las autoridades venezolanas han usado las medidas para contrarrestar la propagación del COVID-19 como una «excusa para reprimir voces disidentes e intensificar su control férreo sobre la población».
Desde que se declaró el estado de excepción para contener el contagio, a mediados de marzo, las autoridades venezolanas detuvieron de manera arbitraria y procesaron penalmente a periodistas, trabajadores de la sanidad, abogados de derechos humanos y opositores políticos que critican a Nicolás Maduro, según un informe de HRW.
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A muchos de los detenidos se les imputan delitos previstos en la ‘ley contra el odio’ de 2017, que es «absurda y excesivamente amplia». Son procesados por un poder judicial sin la más mínima independencia.
A los abogados de los acusados se les concede un acceso muy limitado a los expedientes judiciales y a los fiscales, debido al cierre de tribunales. Algunos detenidos sufrieron abusos físicos que podrían constituir torturas.
HRW estima que al menos 162 personas fueron sido víctimas de hostigamiento, detención o persecución penal entre marzo y junio. Otras fuentes como Foro Penal han constatado 252 arrestos arbitrarios entre marzo y julio.
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«El estado de excepción ha hecho que las fuerzas de seguridad y los grupos armados partidarios del gobierno, que ya cuentan con un récord deplorable de torturas y ejecuciones extrajudiciales, sientan que tienen la facultad de reprimir con mayor ferocidad a los venezolanos», alertó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.
Por su parte, la subdirectora interina para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Tamara Taraciuk Broner, envió un mensaje desde la comunidad internacional e indicó que este tipo de abusos no son tolerables. » Lo que llega a las tapas de los periódicos hoy tiene que ver con la gravísima emergencia humanitaria y es importante que así sea, pero eso no debe perder de vista que en Venezuela hay un Estado policial que está reprimiendo a sus ciudadanos».
