Bogotá.- El Gobierno de Colombia rechazó las acusaciones en contra del presidente Iván Duque hechas este jueves ante un tribunal en Caracas por la excongresista Aída Merlano. Exigió además a Nicolás Maduro que la entregue a la justicia colombiana, de la cual es prófuga.
«Estas declaraciones carecen de todo fundamento, son oportunistas y son una fabricación del régimen dictatorial de Nicolás Maduro que buscan atacar la honra del presidente de la República de Colombia e intentan vulnerar la credibilidad de las instituciones colombianas», manifestó la ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, en una declaración leída a la prensa en Bogotá.
Merlano cumplía una condena a 15 años de cárcel en Bogotá por corrupción electoral. Fue representante a la Cámara en el periodo 2014-2018 por el departamento del Atlántico.
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Sin embargo, el 1° de octubre aprovechó su traslado a un consultorio odontológico para fugarse por una ventana, utilizando una cuerda. Se volvió a saber de ella el 27 de enero, cuando fue capturada en Maracaibo por la Policía venezolana.
Persecución de políticos
Al declarar este jueves ante un tribunal en Caracas, Merlano aseguró que Duque tiene la intención de asesinarla. Pidió ayuda a Venezuela para que su causa sea radicada ante instancias internacionales.
«Soy perseguida por el presidente de mi país, Iván Duque, con la intención de asesinarme«, manifestó.
La excongresista, además, lanzó acusaciones de corrupción contra otros políticos colombianos, entre ellos el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, el exalcalde de Barranquilla y exgobernador del Atlántico Alex Char y otros miembros de su familia, así como contra el empresario Julio Gerlein.
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«El régimen dictatorial de Nicolás Maduro, en lugar de estar produciendo este show mediático debe entregar inmediatamente a la señora Aída Merlano a las autoridades nacionales para que cumpla la condena en Colombia«, agregó la ministra de Justicia en la declaración que leyó en la Casa de Nariño, en compañía del director de la Policía, general Óscar Atehortúa.
Merlano dijo que su fuga fue organizada por una clase política dirigente en el país con la colaboración de Vargas Lleras y del exfiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, quien renunció al cargo en mayo de 2019.
La exparlamentaria explicó que entró de manera ilegal a Venezuela por desesperación y con el objetivo de buscar refugio, porque después de su fuga fue secuestrada con el fin de asesinarla.
«Después de que me lancé de la cuerda, a mí el gobierno de Duque me raptó. Los raptores me contaron todo: me iban a asesinar y a enterrar para que nunca me encontraran, en una finca de Valledupar (capital del departamento del Cesar)», dijo.
Igualmente, aseveró que mientras estuvo secuestrada fue víctima de abuso, sin especificar de qué tipo, por parte de sus captores, pero no dio detalles de cómo escapó de ellos y cruzó la frontera con Venezuela.
Buscada por Interpol
En la respuesta a las acusaciones de Merlano, el director de la Policía recordó que la prófuga es buscada desde el 30 de noviembre de 2019 por la Interpol con circular roja por los delitos de concierto para delinquir agravado, corrupción al sufragante y tenencia de armas de fuego y municiones.
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El general Atehortúa agregó que el 29 de enero, tras ser informados de la detención de Merlano en Venezuela, «la oficina de Interpol Colombia realizó la solicitud de trámite de orden de captura con fines de extradición a la sala especial de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia de Colombia».
La detención de Merlano desencadenó un enfrentamiento verbal entre Maduro y Duque, ya que el gobernante venezolano le ofreció retomar en el ámbito consular las relaciones diplomáticas rotas desde el 23 de febrero de 2019, lo que fue descartado por el jefe de Estado colombiano.
Duque había afirmado previamente que la extradición de Merlano se la pediría al jefe del Parlamento, Juan Guaidó, a quien su Gobierno reconoce como presidente legítimo de Venezuela, lo que fue calificado por Maduro como de ridiculez.
Al momento de su detención, Merlano estaba acompañada por Yeico Manuel Vargas Silvera, quien ha sido acusado por la presunta comisión de los delitos de encubrimiento y asociación para delinquir.
En Venezuela, la excongresista enfrenta cargos por la presunta participación en la comisión de los delitos de uso de documento falso, usurpación de identidad y asociación para delinquir.
