Recuerdan que Trinidad y Tobago tiene obligación bajo su propia ley contra el de tráfico de personas
Caracas.- Amnistía Internacional (AI) envió este jueves una carta al primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, en la que le insta a proteger los derechos de los menores de edad, tras la polémica deportación de 16 niños.
Los menores, entre ellos un bebé de cuatro meses, fueron deportados en condiciones que todavía no se han aclarado por las autoridades trinitenses, tras lo que estuvieron casi 48 horas en el mar hasta que sus familiares los localizaron y fueron devueltos a Trinidad y Tobago.
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«Creemos que (el regreso) le da a las autoridades de Trinidad y Tobago una segunda oportunidad para mantener sus obligaciones domésticas e internacionales para proteger los derechos de los niños y proveer de protección internacional a aquellas personas que buscan seguridad entre el peligro», reza la misiva de AI, a la que se sumaron 16 organizaciones más.
Por eso, piden al Gobierno de la república isleña que reúna de inmediato a los menores con sus familias, garantice su derecho al asilo y determine si fueron víctimas del tráfico de personas. También instan a que los niños tengan atención médica, tal y como «debían haber hecho la primera vez que fueron identificados», antes de ser deportados.
Explican que, según información recogida inicialmente, algunos de los menores tienen parientes que ya han sido registrados en Trinidad y Tobago con la Agencia de la ONU para los refugiados (Acnur).
Eso hace «incluso más necesario para las autoridades garantizarles el acceso a los procedimientos de asilo, de acuerdo a las obligaciones del país» bajo la legislación internacional.
La misiva añade que, según varios informes a los que han tenido acceso, al menos 50 menores han sido deportados este año, pese a que Trinidad y Tobago es signatario de la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño, que «requiere a los países que actúen en el mejor interés de los menores y se abstengan de detenerlos.
Además, recuerdan, la convención prohíbe las deportaciones en situaciones en las que afronten situaciones de peligro o maltrato como, presumiblemente, era el caso de los 16 menores.
En este sentido, las organizaciones afirman que el ministro de Seguridad Nacional, Stuart Richard Young, insinuó que los menores podrían haber sido víctimas de tráfico de personas. «Esta es una razón aún mayor para que los menores y adultos sean protegidos y se determine si han sido víctimas de tráfico de personas», reclaman.
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En este sentido, recuerdan que Trinidad y Tobago tiene obligación bajo su propia ley contra el de tráfico de personas de identificar a las posibles víctimas y les garantice protección y reparación.
Por otra parte y acerca de unas declaraciones de Young en las que indica que los menores estaban bajo custodia de las autoridades para proteger a la población de Trinidad y Tobago del riesgo que supone el COVID-19, subrayan que «la pandemia no puede ser utilizada como una excusa para negar el acceso al asilo y la seguridad a aquellos que más lo necesitan».
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