Ciudad Guayana.- La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) contabilizó, en su monitoreo a medios de comunicación, 208 muertes potencialmente ilícitas a manos de los funcionarios policiales en el estado Bolívar durante 2020.
“23 de ellas se trataron de casos de personas privadas de libertad, mientras que las otras 185 murieron en presuntos enfrentamientos reportados en medios de comunicación”, indicó Codehciu en su informe anual.
La ONG señaló que el municipio con mayor cantidad de víctimas es Caroní con 103 ejecuciones extrajudiciales, seguido de Heres con 47 muertes y finaliza Sifontes, al sur de la entidad, con 20.
El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) es la institución policial con mayor cantidad de casos, en total 61 muertes. Le siguen las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) con 33 muertes, después la Guardia Nacional y la Policía del Estado Bolívar con 17 y 14 muertes cada uno.
Codehciu aseguró que estas ejecuciones extrajudiciales son violaciones al derecho a la vida. “Como las violaciones al derecho a la vida pueden darse por acción u omisión, el Estado está obligado a investigar toda muerte ocurrida en circunstancias sospechosas, aun cuando no se denuncie o se sospeche que este ‘fue el causante de la muerte o se abstuvo ilícitamente de prevenirla’ como lo destaca el protocolo”, indicó la organización en su documento.
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Vecinos de comunidades de Ciudad Bolívar indicaron a El Pitazo que el derecho al debido proceso es violado en la mayoría de los casos de ejecuciones extrajudiciales. En el sector Las Beatrices de la capital del estado, se abstienen de denunciar a un delincuente por temor a que los cuerpos de seguridad no realicen el procedimiento adecuado.
“Antes denunciábamos a los malandros que robaban por aquí, pero la idea es que los busquen y se los lleven presos, no que los maten como si fueran unos animales. A muchos los agarran dormidos en su casa, sabemos que no son unos santos, pero no es la forma que los maten así. Por eso ya no hemos denunciado más, no queremos que los maten, queremos que estén presos”, explicó a El Pitazo un vecino del sector Las Beatrices que prefirió no identificarse por temor a represalias.
Codehciu exhortó al Estado venezolano a desarrollar formaciones para los cuerpos de seguridad con el fin de que garanticen las condiciones de las personas privadas de libertad y a realizar las investigaciones para castigar a los responsables de las ejecuciones extrajudiciales.
