Caracas.- El Arco Minero del Orinoco (AMO) fue instaurado por el gobierno de Nicolás Maduro en 2016; en el marco de dicho proyecto, se abrieron franjas del estado Bolívar para la explotación de oro, coltán y otros minerales, esto con la finalidad de reforzar las finanzas de Venezuela.

Según la investigación de InSight Crime, las comunidades indígenas del vecino estado Amazonas, que limita con Colombia, habían reportado durante al menos cinco años, las incursiones de minas de oro ilegales por parte de disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Luego de que el grupo conocido como la guerrilla más grande de Latinoamérica se desmovilizó luego de firmar los acuerdos de paz con el gobierno colombiano, se abrió una puerta para el segundo ejército insurgente más grande, el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Hombres armados, portando la insignia de una estrella roja y el rostro del Che Guevara, merodeaban cerca de la frontera entre Venezuela y Guyana. Pese a que tenían muchas armas y estaban bien entrenados, ellos negaron estar vinculados con la guerrilla, sin embargo, Insight Crime considera que lo más seguro es que sí hacían parte del ELN, la guerrilla más poderosa en la región.

El 14 de octubre de 2018, estos hombres se enfrentaron a las bandas locales, que estaban bien establecidas, en busca de controlar las minas ilegales de oro. Ese día, un grupo de mineros de oro fueron emboscados por sujetos armados cerca de la mina Corre Gente, ubicada en el municipio Sifontes, estado Bolívar. En el hecho, siete mineros fueron fusilados al estilo de ejecución, con una sola bala en la cabeza. 16 de ellos desaparecieron.

Luego de que se hizo pública la noticia de la masacre, las autoridades del estado Bolívar, achacaron el hecho al conflicto entre las bandas mineras locales, específicamente a la liderada por el Jhosué Zurita, alias «el Coporo». La versión de los sobrevivientes, familiares de las víctimas, periodistas locales y representantes de la oposición es distinta: la mina Corre Gente había sido tomada por un grupo guerrillero colombiano, el ELN.

En 2019, el entonces comandante de la base militar de Tarabay, el teniente coronel Ernesto Solís, concedió una entrevista a InSight Crime; su relato de los hechos que condujeron a la masacre, aunque es ambiguo, refiere que el grupo que cometió la masacre no era una pandilla cualquiera, sino un grupo que se hacía llamar Movimiento Che Guevara.

«El Coporo envió una invitación a esa gente del Che Guevara: ‘Hagamos una reunión para dividir territorios’ … Fueron cinco; mataron a cuatro, y uno escapó», dijo Solís. «¿Qué hizo el grupo? Fueron hasta el cruce y bloquearon la carretera. (El Coporo) intentó infiltrarse entre la gente que estaba entrando (a la zona minera), pero los guerrilleros sabían quiénes eran. Mataron a esas siete (personas): dos mujeres y cinco hombres».

La masacre de Corre Gente atrajo la atención sobre un rumor que ya se venía difundiendo en Bolívar: el ELN avanzaba sobre el corazón minero de Venezuela y para ello había sido invitado por el gobierno. Su objetivo: poner orden en la región minera de Venezuela y canalizar sus riquezas hacia la élite chavista. Pero tres años después, parece que el grupo guerrillero más poderoso de la región no ha logrado dominar a Bolívar.

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