Foto: cortesía ONG Kapé Kapé
Sucre.- Las ONG Kapé Kapé y la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) emitieron un comunicado el jueves 29 de abril en el que exigen al Estado venezolano que investigue el asesinato del capitán general del pueblo jivi, Nelson Pérez, y de otras tres personas. El hecho ocurrió el 28 de abril en la mina El Silencio del municipio Sucre, estado Bolívar.
En el comunicado publicado en sus redes sociales, las organizaciones expresaron que se requiere «llevar a cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial en torno a la muerte de estos cuatro venezolanos, con el fin de establecer los hechos y las responsabilidades a los fines de obtener justicia».
Las organizaciones confirmaron el asesinato de Nelson Pérez, en medio de un enfrentamiento, y del criollo Wilmer José Castro; y de Miguel Antonio Rivas Morales y Carmen Lusdary Rondón, indígenas de la comunidad La Felicidad.
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Las organizaciones señalaron que existe la presunción de que hay otros ocho fallecidos en la mina El Silencio, pero hasta el momento no ha sido confirmado este supuesto. Sobre las causas, explican que hay dos versiones: una de estas es un enfrentamiento entre las comunidades indígenas, y la segunda es un enfrentamiento con un grupo armado extranjero. Se supone que la confrontación, cualquiera que fuese, obedeció al control de la mina.
«Es cierto que llegó la minería ilegal a nuestro territorio, pero no estoy de acuerdo con la práctica porque ahora tenemos que afrontarnos con los grupos violentos, porque es un peligro. Por eso nosotros exigimos el respeto a nuestros territorios y la no violación de nuestro derecho como pueblos originarios», manifestó Pérez a Kapé Kapé en 2019, cuando anunció la desaparición de dos indígenas. Recordó que en 2018 fueron asesinados el capitán indígena Misael Ramírez y su hijo en el mismo yacimiento minero.
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Kapé Kapé y Codehciu indicaron que esta es una de las muestras del aumento de la violencia a la que se exponen las comunidades indígenas, quienes son las víctimas de la minería y deben exponerse a abusos, ataques y amenazas, entre otras situaciones.
Por eso las ONG pidieron a las autoridades venezolanas que se garantice la seguridad de estas comunidades y el reconocimiento de sus derechos, así como el debido proceso, la integridad de las personas indígenas afectadas por este suceso, y también el derecho a la salud de las personas heridas.
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