Caracas.-Residentes, comerciantes y propietarios del Complejo Residencial Parque Central, en el centro de Caracas denuncian lo que denominaron “un nido de irregularidades” que se generan en el conjunto desde hace algunos meses y de las que responsabilizan a la Corporación para el Distrito Capital (Corpocapital), el organismo de la Alcaldía de Libertador que funge como administrador de este espacio.
Expropiaciones ilegales, decomiso y extracción de vehículos, cierres injustificados, amenaza y uso de recursos comunales para fines personales son algunas de las actuaciones que reportan los residentes de estos espacios, varios de ellos dirigentes comunitarios de la zona que está bajo el control de esta instancia municipal desde 2013, cuando fue creada por el Gobierno de Distrito Capital.
Marlyn Franco y su familia son comerciantes y propietarios en Parque Central y dicen ser testigos de los atropellos registrados en los últimos dos años. Franco relató que iniciaron por quitar las láminas de aluminio que revestían los techos de las siete torres que componen el complejo. Además, acusó a las autoridades de usar recursos del complejo y mano de obra de la Alcaldía de Libertador y del plan Chamba Juvenil, para restaurar y acondicionar los espacios comerciales que fueron habilitados con fines personales de quienes dirigen Corpocapital.
Franco, que junto a su familia es propietaria de cuatro locales en Parque Central, aseguró que “nos quitaron el techo de aluminio de todo el complejo de Parque Central, se llevaron todo lo que podían e incluso llegaron a pedir locales para uso personal alegando arbitrariedades como lo hicieron con una sede de Banesco que solicitaron alegando utilidad pública y ahora están montando un frigorífico privado”.
Lenys Márquez y José Gregorio Bustamante son víctimas de estos desalojos arbitrarios y acusan a Corpocapital de ordenar el cierre de su local de latonería y pintura en el Sótano 3 de este complejo urbanístico. Márquez aseguró que su negocio fue cerrado sin argumentos y ahora, pese a que tienen una orden de Fiscalía para la reapertura del local, no les han permitido trabajar de nuevo.
La también vecina de Parque Central responsabilizó a la dirigencia de Corpocapital de lo que calificó como una “ilegalidad” y aseguró que incluso han llegado a argumentar que “se trata de un problema político”, y la han echado del complejo. Esto, pese a que en el oficio Nº FMP-45-AMC-034C del 31 de mayo se dictamina que “el arrendatario fue objeto de presunto acto de perturbación a la pacifica posición y agavillamiento” y se ordena que le sea permitido el ingreso a su local.
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Márquez aseguró que Corpocapital violo las cerraduras de su local comercial y puso candados para evitar que ellos pudieran ingresar a este espacio que mantienen como forma de subsistencia desde Hace más de 5 años.
Medidas arbitrarias e inconsultas
Yeri León, presidenta de la Asociación de Comerciantes de Parque Central, confirmó esta denuncia y agregó que una circular “sin firma ni sello” enviada a los comerciantes del complejo, el pasado mes de febrero, en la que anunciaban el cobro de 6.000 bolívares por metro cuadrado de arrendamiento marcó el inicio de “ los abusos, acoso y hostigamiento a los comerciantes… Hay atropello de poder contra los propietarios, residentes, arrendatarios, comerciantes, espacios de depósito y estacionamiento”, pues incluso se han valido de la autoridad envestida en Corpocapital para llevarse carros del estacionamiento de personas que se encuentran de viaje o fuera del país, tal como lo asevera esta dirigente comercial.
León, dueña de una peluquería en este espacio, asegura que la situación data de noviembre de 2018, fecha desde la que se iniciaron una serie de procesos legales para concretar el aumento del canon de arrendamiento que quienes trabajan en los locales comerciales de Parque Central deben pagar a Corpocapital.
“Comenzó una campaña de hostigamiento y venían los funcionarios de ese ente a amenazar que si no pagaban los sacarían y cuando los dueños de comercios iban a las oficinas de Corpocapital no aceptaban el pago si no era el monto que ellos estipularon y no se entregaba una factura, sino un papel reciclable con firma ilegible de Corpocapital. Esto se prolongó con el tiempo”, contó.
Los vecinos y comerciantes relataron que con el cambio de administración en Corpocapital, se acordó con Mariela Rodríguez, presidenta actual de Corpocapital, se había acordado que el nuevo monto de arrendamiento sería acordado en conjunto, “pero eso no ocurrió”.
“Esta decisión fue rechazada y muchos optaron a ir a tribunales civiles, de la misma forma se enviaron comunicaciones a la presidencia de Corpocapital y la respuesta fue visita e inspección de locales comerciales por parte de la vicepresidencia de operaciones y la gerencia de seguridad y consultoría jurídica, acompañados por la Guardia Nacional… Ellos colocaron soldadura y candado a las puertas de locales de sótanos 1, 2 y 3. Sustrajeron equipos de soldadura, taladros y objetos propios y solo devolvieron algunos”, relató la dirigente de la Asociación de Comerciantes.
Héctor Salas, quien se identificó como asesor de la Comuna de Parque Central aseguró que la queja de la comunidad se basa en las “decisiones arbitrarias” que la actual administración ha ejecutado. “No hay una consulta con la gente que vive aquí y por eso es que el parque tiene recursos pero se cae a pedazos”, detalló el líder comunal, quien además aclaró que esta “crítica no tiene nada que ver con la postura política de quienes la hacen” y que “Corpocapital es una medida necesaria, pero no pueden desde allí gestar decisiones dictatoriales y arbitrarias”.
“La orden es comuna o nada”, apuntó Salas y resaltó que quienes trabajan en Parque Central esperan que los locales sean entregados a gente de la misma localidad que los trabaje, y no a personas que intenten lucrarse usando recursos del Estado. A esto, los vecinos atribuyen que en espaci9os del Edificio Tacagua se estén montando bodegones y panaderías “de lujo” y que las reparaciones vivibles son realizadas por obreros identificados con camisas de “Somos Venezuela” y “Chamba Juvenil”.
Se llevaron los carros
Algunos residentes de Parque Central también acusan directamente al Gobierno de Distrito Capital de las últimas medidas tomadas en el complejo, al que hace más de una semana llevaron grúas con las que, aseguran, fueron sacados de manera ilegal al menos 35 vehículos pertenecientes a vecinos de este conjunto que se encuentran de viaje o que tienen los carros parados en estos espacios por alguna avería.
Juan Carlos Castellano, residente de este sitio, informó que luego de la medida varios vecinos han acudido a la sede del gobierno distrital a saber el paradero de sus autos “y no les dan respuesta”. “Allí se roban los carros, siempre hay abusos pese a que en estas torres funcionan oficinas de cuerpos policiales”, dijo este vecino que ha sido víctima del desvalijamiento de su carro en cuatro ocasiones.
La dirigente de los comerciantes de Parque Central, Yery León aseveró que el argumento para remolcar los vehículos era que “estaban en estado de abandono”. Ahora se emprenden acciones legales para que los vehículos sean devueltos y el gobierno de Distrito Capital asuma los costos de traslado.
Los vecinos de esta comunidad hicieron un llamado a la Alcaldía de Libertador y al Gobierno de Distrito Capital, e incluso al Ministerio Público para que revisen los hechos denunciados y tomen acciones en pro del bienestar y el respeto a los derechos de esta comunidad.
