Desacuerdo sobre elecciones universitarias abre las puertas para una posible intervención del TSJ

La comisión electoral de la Universidad Central de Venezuela (UCV) está lista para proponer una fecha y preparar elecciones de autoridades universitarias entre mayo y junio de 2020. El plan es hacer el anuncio antes de este 27 de febrero, cuando se cumple el plazo de seis meses otorgado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para elegir nuevos rectores. Pero el problema para que no se convoquen y ejecuten no es técnico sino político.

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Tras cumplirse casi 11 años de una discusión que inició en 2009 -cuando se promulgó la Ley Orgánica de Educación que contempla en el artículo 34 la inclusión de personal administrativo y obrero en los comicios- aún la comunidad universitaria no ha logrado un acuerdo para dirimir la polémica y avanzar en un proceso que renueve sus autoridades.
Ahora, el vacío de un acuerdo para una elección popular podría abrir las puertas para que el TSJ se ampare en la sentencia N° 324, emitida el 29 de agosto de 2019, que ordena “la igualdad de condiciones para elegir las autoridades universitarias” y designe a dedo a los nuevos rectores de las casas de estudio públicas del país.

Ese temor y la certeza de que es necesario renovar a las autoridades universitarias son los únicos puntos comunes entre las partes involucradas. Miembros de la comisión electoral, el consejo universitario, los trabajadores y los estudiantes activos y egresados coinciden solamente en que las elecciones apremian, pero la disyuntiva es si serán apegadas a la Constitución y la Ley de Universidades o la Ley Orgánica de Educación y la sentencia 324.

Marcos Chávez, representante estudiantil ante la comisión electoral, asegura que el órgano está en capacidad de realizar un proceso electoral en un plazo de 90 días luego de convocado, pero que para activarlo es necesario contar con la aprobación del Consejo Universitario.

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Al respecto, Chávez admite y lamenta que el tema de las elecciones y bajo qué condiciones políticas se ejecutará “no haya sido discutido o no lo quieren tocar”. Esta afirmación es ratificada por Eduardo Sánchez, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Central de Venezuela (Sinatraucv), quien asegura que, aunque se han generado algunas conversaciones informales, aún no hay acuerdo con relación a la participación de obreros y personal administrativo.

“Les hemos pedido que busquen alternativas para que las elecciones se realicen y no tengamos que ir a otro proceso”, dice Sánchez. El representante de los trabajadores es enfático al aseverar que “en las universidades no habrá participación directa sin los trabajadores” y que se amparan en el artículo 34 de la LOE y su contenido: “Elegir y nombrar sus autoridades con base en la democracia participativa, protagónica y de mandato revocable, para el ejercicio pleno y en igualdad de condiciones de los derechos políticos de los y las integrantes de la comunidad universitaria, profesores y profesoras, estudiantes, personal administrativo, personal obrero y, los egresados y las egresadas de acuerdo al Reglamento”.

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Academia o inclusión

Para los estudiantes el panorama es claro: quieren elecciones regidas por el 109 constitucional que establece que “El Estado reconocerá la autonomía universitaria como principio y jerarquía que permite a los profesores, profesoras, estudiantes, egresados y egresadas de su comunidad dedicarse a la búsqueda del conocimiento a través de la investigación científica, humanística y tecnológica, para beneficio espiritual y material de la Nación. Las universidades autónomas se darán sus normas de gobierno, funcionamiento y la administración eficiente de su patrimonio bajo el control y vigilancia que a tales efectos establezca la ley”.

Jorge Barragán, secretario de propaganda de la Federación de Centros Universitarios, defiende esta postura y aunque refiere que no están en contra de tomar en cuenta a los trabajadores, “la esencia de la universidad es la academia y es lo que debe prevalecer. Nuestra relación es de cordialidad con el personal obrero y el administrativo, son parte de nuestra comunidad, pero el fin de la universidad es la academia”.

Aunque Barragán reconoce el trabajo del personal obrero y administrativo, indica que la postura del estudiantado es que participen de la elección que con una ponderación en el voto menor a la de estudiantes y profesores, rechazando el 1×1 que se convirtió en la razón principal para que desde 2008 no haya elecciones en las casas de estudio públicas de Venezuela.

“La esencia de la universidad no es debatir temas administrativos, sino la ciencia, la investigación y la academia. No puede la universidad entrar en temas de debate sobre los autobuses, el comedor o los baños cerrados. La academia debe definirse en torno a la investigación o lo que aporta al país”, opina Barragán.

Su planteamiento contrasta con el de Sánchez, para quien es necesario “entender que la universidad no puede ser un claustro, es una comunidad de hombres y mujeres. Los trabajadores estamos allí para quedarnos, pasamos hasta 25 años allí y estamos más que los estudiantes, que los egresados que olvidan la universidad. Entonces es momento de avanzar y dejar ese pensamiento de que los trabajadores somos los que limpian en la casa del rico”.

También está la postura del sector profesoral, que se decanta por seguir el lineamiento emanado de la Carta Magna y de la Ley de Universidades, cuando definen como comunidad universitaria a los profesores, estudiantes y egresados.

11 años sin acuerdo

Víctor Márquez, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv), sostiene que postura de los profesores será denunciar cualquier violación de la Constitución, ya sea que venga del Consejo Universitario o del TSJ. En este sentido, rechazan la posición de alterar el proceso electoral tal como está estipulado.

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La postura de los académicos es avalada por una consulta reciente, en la que Márquez asegura que participaron unos 900 profesores y 97% consideró que el proceso electoral debe regirse por la Ley de Universidades y rechazar la sentencia 324 en todo su contenido.

Con alrededor de 11.500 trabajadores, incluidos los pensionados, unos 24.500 estudiantes aproximadamente y 9.000 profesores entre jubilados y activos, para los empleados de la UCV las cuentas están claras y para los estudiantes y docentes universitarios también, pero ambas tendencias se ven atrapadas en sus argumentos: que elija la academia o que gane la inclusión.

Mientras tanto, y pese a que Sánchez admite que en una reciente reunión con Cecilia García Arocha, actual rectora de “la casa que vence las sombras”, esta se mostró de acuerdo con la posible participación de los trabajadores. Desde la comisión electoral indican que el asunto político de quien participa y quien no en unas elecciones universitarias se ha postergado.

“El jueves 6 de febrero enviamos a la comisión electoral un debate en el que se decidió que la convocatoria sobre el proceso electoral se debe elevar a los miembros del Consejo Universitario, y la decisión de la convocatoria de elecciones se debe hacer de manera institucional conjuntamente entre el comité y el consejo universitario. Pero aún no recibimos respuesta”, contó Chávez.

Para el estudiante este punto de información es parte de las acciones que promueve la comisión electoral para intentar dirimir el tema y evitar cualquier sanción penal a los tres representantes profesorales, uno de los egresados, uno estudiantil y un secretario administrativo que conforman este comité.
Márquez considera que el Consejo Universitario se ha mantenido “plegado” en su responsabilidad de salir al paso a la sentencia 324 y convocar a la comunidad universitaria a defender la autonomía.

“Hay temor a las consecuencias que se pueden venir en el plano personal y por eso están ajustando el reglamento electoral. Eso se expresa en algunas propuestas de sectores vinculados con las autoridades universitarias de que bajen peso de sector profesoral y jubilado, bajen la ponderación al sector estudiantil e incorporen en una medida al sector administrativo y obrero”, refiere Márquez.

Pero, los 11 años sin acuerdo parecen marcar el camino para que el TSJ sea quien tome acciones luego del 27 de febrero, escenario que ha sido contemplado por los estudiantes. Tanto que Barragán adelantó que trabajan en una agenda de calle para defender la autonomía universitaria y evitar la imposición de autoridades.