Foto: Archivo
Caracas.- “Un Sistema de Protección pobre para los pobres”, así catalogó Carlos Trapani, coordinador general de Cecodap, los órganos administrativos venezolanos dentro del compuesto institucional encargado de amparar y proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Este jueves, 20 de mayo, durante la presentación del Informe Somos Noticia – Capítulo Vulneraciones y Protección a los Derechos del Niño en Contextos de Pandemia, el dirigente del Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap), apuntó que de cada 10 casos remitidos al Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Ministerio Público y otros organismos, 6 no fueron atendidos a pesar de existir en la ley un mandato expreso de atención prioritaria a esta población.
La cifra es resultado de la poca respuesta efectiva registrada a través del Servicio de Atención Jurídica (SAJ) de Cecodap durante el primer año de pandemia registrado en Venezuela. La situación fue catalogada como un hecho claro de debilidad institucional que invisibiliza las situaciones que afectan a los niños, niñas y adolescentes venezolanos y los pone en un riesgo aún mayor del que podrían estar transitando.
“Hay falta de atención o demora de atención de los casos. Encontramos una suerte de remisiones entre organismos del Estado. Si una persona toca el Sistema de Protección debe ser atendida. Evitar el peloteo. Cuando un niño alega una violación de derechos y va a un organismo del Estado, no es por placer o porque quiere pasar tiempo allá. Es porque lo necesita. Por eso es importante que el apoyo sea accesible, no solo formal para recibir la denuncia, sino que los niños tengan respuesta a sus necesidades jurídicas y que sean restituidos sus derechos”, explicó Trapani.
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Al respecto, el estudio arrojó que, de los 40 casos remitidos al Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes por el SAJ, se registró que un 65% de las solicitudes no fueron atendidas y 35% fueron recibidas y tramitadas. De los 29 casos remitidos al Ministerio Público, Cecodap registró que 59% de las solicitudes no fueron atendidas; mientras que, de los 18 casos remitidos a otros organismos del Estado, 50% de las solicitudes no fueron atendidas.
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Desde Cecodap refieren que 72% de los casos que involucran a niños y adolescentes fueron atendidos de forma eficaz por organizaciones de la sociedad civil, mientras que el Estado solo alcanzó 38% de respuesta adecuada.
Sobre los derechos de niños y adolescentes vulnerados en la pandemia, el informe deja ver que son el derecho a la integridad personal física y psicológica, además del derecho a la familia las categorías más presentadas. “Encontramos familias con altos niveles de estrés, frustración, ansiedad, rabia y tristeza, en las que el contexto económico, el vertiginoso deterioro en la calidad de vida y los conflictos de convivencia constituyen unos de los principales conflictos identificados durante la pandemia”, dijo.
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