El edifico Mercantil El Comercio, fue invadido en el 2012. Foto: archivo.
Caracas. – La activista social Esperanza Castillo Ocando asegura que una supuesta funcionaria del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), y el integrante de un colectivo que opera en la parroquia El Paraíso, serían los líderes de la invasión al edificio donde habita la actriz Norma Monasterio.
Castillo, quien también sufrió entre 2010 y 2014 una situación similar en Caracas razón por la cual siente empatía por Monasterio, relató a El Pitazo que ha investigado lo ocurrido desde 2012 en el edifico Mercantil El Comercio, ubicado entre las esquinas Dolores a Puente Soublette de Quinta Crespo, donde vive la profesional de las tablas.
«A raíz de la experiencia que padecí, entiendo la situación que atraviesa la profesora Norma. Por eso busco apoyarla de alguna manera», dijo.
Explicó que los responsables son una supuesta detective del Cicpc, identificada como Isamar Figuera Martínez, y un ciudadano cabecilla de un colectivo que presta apoyo a «La Piedrita».
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Sobre el hombre, la activista asegura que fue detenido en 2017 a causa de varios delitos, entre ellos secuestro y posesión de drogas, pero fue liberado posteriormente, debido a presiones ejercidas por miembros de otros grupos irregulares del oeste de Caracas.
En el caso de la supuesta funcionaria, asegura que, aunque aparece en una data del organismo policial, su conducta en las redes sociales dista mucho de la que debería tener un efectivo de esa institución.
Castillo también cuenta que en ese inmueble vive, pero de manera legal, la madre de la funcionaria, de nombre de Marys Martínez. «Esta mujer en conjunto con otra vecina del inmueble, identificada como Yaimaru Muguerza, se valió del apoyo de los invasores para vender los espacios comunes y ordenar construcciones ilegales en la azotea, una vez que se hizo la invasión», relató.
Son precisamente estas últimas obras las que han perturbado la paz en el apartamento de Monasterio y su madre, una abogada jubilada, quien padece problemas con la tensión.
Además, recordó que ya hay una orden de demolición de esas estructuras, emitida el pasado 20 de mayo. La activista indicó que, tanto Martínez como el ciudadano han llevado a cabo las negociaciones ilícitas con el apoyo de una fundación de nombre Víctor Polay Campos.
Por su parte, Monasterio publicó hoy jueves 3 de junio, en su cuenta de Twitter, que efectuó otra denuncia, esta vez ante la Defensoría del Pueblo y junto con su madre, contra del atropello que realizan estas personas.
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