Foto: Andrés Rodríguez/archivo
Caracas.- A propósito de acercarse el Día Internacional del Libro, el 23 de abril, la Cámara Venezolana de Editores del país declara al sector en emergencia debido a la caída del consumo, altos costos de producción, ausencia de licitaciones para bibliotecas y otros aspectos que se suman al cierre producto del confinamiento por el COVID-19.
De acuerdo con la información difundida por el gremio editorial, las estadísticas de la Cámara Venezolana de Editores, basada en cifas del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), reflejan una pérdida de mercado que se ubica alrededor del 70% debido a la prohibición de entrada de las editoriales de textos escolares privadas a los colegios públicos y la implementación de la Colección Bicentenario (editada por el Ministerio de Educación del gobierno de Nicolás Maduro).
Los representantes de la industria del libro en el país destacan que previo al confinamiento, el sector atravesaba un “decrecimiento exponencial en su comercialización”. Asimismo, enfrentan problemas para la digitalización de los textos, afectados por costos de aplicación y deficiencias de las plataformas tecnológicas del país.
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Recuerdan que con la llegada de la cuarentena, librerías, editoriales, escuelas e imprentas permanecieron cerradas durante meses y recientemente se mantienen con apertura intermitente. Destacan que el aumento de impuestos también afecta el presupuesto ya deteriorado y genera el cierre de más librerías.
“Carecemos de los atractivos de los bodegones; sin embargo, somos responsables de la generación de conocimiento, educación y cultura, pero nuestros márgenes de rentabilidad y flujo de caja están prácticamente agotados. Escasez de inventario y poca capacidad de producción es la sombra que se cierne sobre los libros”, agrega la Cámara Venezolana de Editores.
La organización solicita que la celebración Día Internacional del Libro se cristalice en planes de vacunación para personal sanitario y docente, la posibilidad de trabajar de forma continua con las medidas de bioseguridad, apertura de escuelas, incentivos fiscales y oportunidades de crédito para favorecer la producción.
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