María Quintero vive en Madrid desde hace casi dos años. Se fue de Venezuela para hacer estudios de postgrado y sin la certeza de emigrar definitivamente; en su trabajo pidió un permiso no remunerado porque la esperanza de poder regresar y ejercer aquí lo aprendido en España no se desvanece, aunque la última estadía en su país haya finalizado con la experiencia más indignante de su vida.
María llegó a Venezuela en febrero para visitar a su familia. Tenía previsto volver a finales de marzo a Madrid, pero la pandemia por COVID-19 trastocó sus planes. Tras quedarse por más de cuatro meses en Mérida debido a las restricciones de movilidad establecidas por el gobierno de Nicolás Maduro, María consiguió ser incluida en la lista de personas que pidieron abordar alguno de los vuelos humanitarios autorizados para regresar a España. La larga espera ya tenía fecha de caducidad: el 22 de julio regresaría a Madrid.
Describe los últimos días en Mérida antes de poder viajar por tierra a La Guaira para abordar el vuelo humanitario como una odisea con momentos “humillantes, horribles e inhumanos”; en todos están involucrados funcionarios civiles o militares del gobierno oficialista. “Desde que me he tenido que acercar a las autoridades gubernamentales, uno se da cuenta de la dictadura en que vivimos, la recuerda”, dijo Quintero a El Pitazo en su relato sobre lo vivido antes de poder volver a España.
María Quintero
Desde que comenzó la flexibilización de la cuarentena nacional, para poder transitar de un estado a otro en Venezuela es necesario portar un salvoconducto, y para abordar alguno de los vuelos humanitarios es indispensable tener el resultado negativo de una prueba rápida de COVID-19. Estos dos requisitos le costaron a María tres días de recorridos repetidos en una ciudad con aguda escasez de gasolina, directrices contradictorias, súplicas, lágrimas y humillaciones.
“Íbamos al Hula (Hospital Universitario de Los Andes), al Seguro Social, a varios CDI (Centros de Diagnóstico Integral) y nadie nos quería hacer las pruebas porque decían que eso era para gente enferma y no para viajeros, y que la Zodi (Zona Operativa de Defensa Integral) tenía que autorizarlos, y en la Zodi nos decían que el general Ferrer ya no estaba expidiendo ninguna lista de nada, que ya cada quien tiene que buscarse por su cuenta las pruebas. Así nos tenían del timbo al tambo, y ya era sábado”, narra María cuyo viaje a La Guaira estaba previsto para el domingo 19 de julio.
Por intermediación de la cónsul de España en Mérida, María y otras personas seleccionadas para viajar en alguno de los vuelos humanitarios autorizados para regresar a ese país consiguieron la posibilidad de hacerse la prueba rápida para descarte de COVID-19 en el Hospital del Seguro Social de la ciudad.
María Quintero
“La cónsul de España en Mérida nos dijo que fuéramos el sábado a las 10 de la mañana y nos hacían las pruebas, pero que fuéramos de bajo perfil porque no estaba autorizado por la dirección de la institución. Así fue. Llegamos y la primera en hacerse la prueba fue una médico, profesora del Hula, o sea, si ella no había encontrado para hacerse la prueba menos la íbamos a encontrar nosotros. Luego me la hice yo y luego una familia de tres personas”, recuerda Quintero.
Lo que parecía ser el logro del requisito indispensable para tramitar el salvoconducto que le permitiera salir de Mérida y llegar a La Guaira, se desvaneció minutos antes de tener en sus manos el resultado que certificara que ella no tenía la enfermedad por coronavirus. Los resultados del diagnóstico de María, así como de quienes se hicieron la prueba después de ella, se convirtieron en trozos de papel rasgado por el propio director del hospital.
“Cuando estábamos esperando los resultados para empezar a hacer los certificados, llegó el director del Seguro Social. Se encerró en el consultorio y desde afuera se escuchaban los gritos que le pegó a la pobre señora que nos hizo las pruebas, la trató horrible. Es un déspota recalcitrante. Cuando salió nos dijo que no había pruebas. Le rogamos que por favor nos las diera y nos dijo: ‘Ese no es mi problema. Ustedes arréglenselas con la Zodi’. Entonces le dijimos: ‘Pero la Zodi nos manda para acá’. Y nos dijo que eso no era así. Yo le dije: ‘Por favor, al menos las pruebas que ya se hicieron, dénoslas’, y nos dijo: ‘Las tiré, las rompí y las boté’. Prefirió tirarlas y romperlas que darnos los certificados”, cuenta María con la indignación aún reflejada en su voz quebrada.
EL NO DEJARSE EXTORSIONAR POR LOS FUNCIONARIOS DE LA GNB LES COSTÓ A MARÍA Y A LAS OTRAS DOS MUJERES QUE VIAJABAN CON ELLA TENER QUE MOSTRAR SUS CUERPOS COMPLETAMENTE DESNUDOS A UNA DESCONOCIDA, CUYO UNIFORME VERDE OLIVA PORTABA COMO MUESTRA DE ABSOLUTA AUTORIDAD DESPÓTICA
Ya hacia las tres de la tarde del último día en Mérida, y luego de llorar y suplicar en su tercera visita a la Zodi para poder hacerse el test de descarte de COVID-19, María logró que una funcionaria de este ente llamara al pabellón militar del Hospital Universitario de Los Andes para que autorizaran la realización de su prueba. Con el resultado negativo para COVID-19 en sus manos, volvió por cuarta y última vez a la Zodi para obtener, finalmente, el salvoconducto que le permitía trasladarse hasta La Guaira.
Junto a otras tres mujeres, María salió de Mérida la mañana del domingo 19 de julio rumbo a La Guaira, en un viaje por tierra a bordo de una camioneta propiedad de una empresa local que ofrece servicios de traslado a distintas partes del país.
“Llegué a La Guaira a la una de la mañana. Duré como 14 horas de viaje. Había muchas alcabalas, pidiendo papeles. Casi no pidieron los salvoconductos personales, solo los del conductor, pero por Barinas se pusieron intensos. Dos veces nos bajaron las maletas, en una fue porque una muchacha, que también iba a viajar en el vuelo humanitario, dijo que íbamos para España. Los guardias le peguntaron: ‘¿Qué hace, en qué trabaja?’, y ella les decía: ‘Estoy desempleada’. Pero en lo que vieron la oportunidad de sacar euros, pasé los peores momentos de mi vida, fue horrible”, relata Quintero.
“Después de revisarnos las maletas minuciosamente, tratando de matraquearla a ella, cuando le vieron dólares y euros le dijeron: ‘Pero venga para que los cuente aquí. ¿No me va a dar un regalito?’ Como vieron que no nos podían sacar plata, ya cuando nos vamos a montar en el carro un guardia nos dice que deben hacernos una revisión física. Yo estoy pensando en la revisión física que hacen en los aeropuertos, y les digo: ‘Pero eso tiene que hacerlo una guardia mujer’, y uno de ellos dice: ‘Sí, sí, claro, ¿cómo voy a hacerles yo eso?’”, recuerda María, quien nunca se imaginó que la requerida revisión física sería el momento más indignante y humillante que ha le ha tocado vivir.
María Quintero
El no dejarse extorsionar por los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana le costó a María y a las otras dos mujeres que viajaban con ella tener que mostrar sus cuerpos completamente desnudos a una desconocida, que portaba el uniforme verde oliva como muestra de absoluta autoridad despótica.
“Nos metieron en un sitio como con gente presa, o yo no sé si era del COVID-19 o de cuarentena. Primero un montón de hombres y luego mujeres. Luego pasamos a un cuarto donde estaban tres mujeres durmiendo en una litera; había un saco de papas al lado. De repente la guardia nos dice: ‘Desnúdense’. Literalmente, que nos quitáramos todo, ropa interior y todo, y después nos dice: ‘Agáchense’. Cuando yo le dije si me podía dejar la pantaleta, me dijo: ‘Ay, pero si todas tenemos lo mismo’. Eso fue horrible, muy desagradable. A una de las chamas le revisó el teléfono para ver si estaba grabando, porque les da miedo que los graben. La guardia era súper despectiva y sin ningún tipo de humanidad”, describe quien a pesar de la humillación vivida, no pronuncia ni una sola grosería para referirse a quienes la vejaron.
Ya llegando a La Guaira, hacia la una de la madrugada del lunes 20 de julio, fue cuando les pidieron a María y las demás viajeras, por primera vez en todo el camino, los resultados de las pruebas COVID-19.
María pudo viajar sin más contratiempos a Madrid el pasado 22 de julio. Allá trabaja para una organización no gubernamental que promueve la cooperación internacional. Uno de sus sueños es poder regresar a Venezuela para contribuir en la construcción de un gobierno abierto que a través de la transparencia impida la corrupción, área en la que se ha formado profesionalmente como politóloga, economista y con dos maestrías en su haber.
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