Valencia.- Este viernes, 8 de noviembre, se realizó en Valencia, estado Carabobo, un encuentro con miembros de la Comisión de Justicia y Paz de la Asamblea Nacional junto a víctimas de violación de Derechos Humanos en el estado, en el marco de las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar entre 2014 y 2019.
La presidenta de la comisión, diputada Delsa Solórzano, alertó que Carabobo es una de las entidades en donde más se han cometido violaciones de Derechos Humanos por parte del Estado.
«Carabobo es uno de los estados donde más se han violado los Derechos Humanos, donde más fallecidos ha habido a causa del Estado en manifestaciones públicas. Es uno de los estados, junto a Aragua y Táchira, que tienen mayor cantidad de reportes en cuanto a la violación de Derechos Humanos», indicó.
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Por su parte, la representante de la fundación Justicia, Encuentro y Perdón, Rosa Orozco, quien es madre de Geraldin Moreno, joven asesinada en el municipio Naguanagua por un Guardia Nacional en las manifestaciones de 2014, precisó que de aproximadamente 300 casos a escala nacional, en la entidad carabobeña se han cometido más de 70 violaciones de Derechos Humanos.
«Son 306 casos de violaciones en el contexto de las protestas entre 2014 y 2019. En Carabobo, 19 fueron en el 2014, 25 en 2017, y entre 2018 y 2019 van 32 casos», detalló.
Afirmó que de los 306 casos, solo en cinco se ha hecho justicia. «Dos, que son por haberlos atropellados en 2014; el de Bassil Da Costa; el de Kluivert Roa en Táchira y el de Geraldin», especificó.
Orozco todavía recuerda con dolor el momento en que dos guardias nacionales acabaron con la vida de su hija. «Uno le disparó en el cuerpo y un segundo guardia que se baja de la moto y le dispara (perdigones) en el rostro, donde le incrustan el cartucho en el ojo derecho y perdió el 90% de la masa cerebral», expresó.
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Por el homicidio dos guardias nacionales fueron condenados a prisión. Albín Bonilla fue condenado a 30 años en Ramo Verde, y Francisco Caridad Barroso a 16 años y seis meses.
Sin embargo, para la madre de la estudiante y deportista carabobeña no es suficiente. Pide que sean investigados los 18 funcionarios que se encontraban en el sitio por «cómplices no necesarios de una línea de mando».
Junto a Orozco estuvieron otras víctimas que también relataron sus historias. La diputada Solórzano señaló que las denuncias pasarán al registro único de víctimas que se realiza conforme a los parámetros internacionales, con el fin de hacer justicia.
